Mitos y realidades sobre el Cartel de los soles en Venezuela

By February 1, 2017News Articles

Mitos y realidades sobre el Cartel de los soles en Venezuela

 

Desde el año 2004 en Venezuela se comenta con insistencia que la principal banda de traficantes de drogas no es un grupo delictivo como podríamos imaginarlo según los patrones de Estados Unidos, con las “familias” de la Cosa Nostra americana; o de Colombia, con los carteles de Medellín, la Guajira, Cali o más recientemente del Norte del Valle. En el caso venezolano, esta actividad ilícita estaría dominada por un conjunto de oficiales generales activos de la Fuerza Armada Nacional. Es por esta razón que ha sido denominado el Cartel de los Soles.

El origen de este nombre tan peculiar es incierto. La primera vez que se escuchó fue antes del gobierno de Hugo Chávez, para designar a los generales de la Guardia Nacional (GN) implicados en la llamada Operación Norte, en específico a los exjefes del comando antidrogas Ramón Guillén Dávila y Orlando Hernández Villegas. Ambos fueron procesados por tráfico de drogas y sobreseídos en 1993 por el entonces presidente Carlos Andrés Pérez antes de que hubiese sentencia firme. Como los dos oficiales eran generales de brigada, el grupo fue llamado Cartel del Sol, en singular.

Cuatro años después, con Rafael Caldera en el poder, el tema resurgió en el debate público a propósito de una investigación desarrollada por la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) contra un grupo de militares que supuestamente traficaba drogas en los estados Monagas y Anzoátegui, en complicidad con un sujeto llamado Pedro Antero Gerinho. Curiosamente, el instructor y principal denunciante de este caso fue el mismo que ocasionalmente había participado en la averiguación contra Guillén Dávila. Se trataba del abogado y coronel asimilado al Ejército Claudio Turchetti.

Lo único que este caso tenía en común con el primero era que algunos de sus implicados formaban parte de la GN. No obstante, en el segundo expediente había también una mezcla de funcionarios de distintas policías con agentes de la DIM, la Disip (policía política, actual Servicio Bolivariano de Inteligencia, Sebin) y prominentes empresarios. Además, nunca pudo implicarse a un oficial con grado superior al de teniente coronel.

¿Cómo era posible que se pudiese hablar del mismo “cartel” pero con distintos actores, algunos de los cuales ni siquiera llenaban el requisito de ser generales? La pesquisa sobre el Cartel del Sol dio origen a un expediente militar que se diluyó en 2001 en una maraña de incidencias legales entre la Corte Marcial y el Tribunal Supremo de Justicia. Los tribunales simplemente no dieron crédito a la tesis del coronel Turchetti. El régimen, además, no le tenía simpatía, pues fue él quien años atrás había revelado el video en el que Hugo Chávez, recién salido de la cárcel de Yare gracias al indulto concedido por Caldera, era recibido en Cuba con honores dignos de un jefe de Estado.

En septiembre de 2000, cuando ya conocía que la batalla estaba perdida, Turchetti envió una carta al presidente para advertirle sobre “un grupo que pretende enquistarse en su gobierno, vinculado al narcotráfico”. La organización, por supuesto, estaba conformada mayoritariamente por militares, cuyos nombres no precisó en esa comunicación.

La historia sobre el Cartel del Sol pasó a segundo plano hasta febrero de 2004, cuando una comisión de la Brigada de Acciones Especiales de la policía judicial mató a Eudo González Polanco en una finca de Tocuyito, estado Carabobo. Este hombre era hermano de Hermágoras González Polanco (alias Armando González Apushana), señalado como líder del cartel de la Guajira en Venezuela, quien fue capturado en 2008 y todavía permanece en calidad de procesado en un calabozo del Sebin.

Entre las pertenencias de Eudo González hallaron un carnet que lo identificaba como comisario ad honorem de la GN, firmado por el general de brigada Alexis Maneiro Gómez, quien fue jefe del Servicio de Inteligencia y del Comando Regional 7, precisamente el que tiene jurisdicción sobre los estados Anzoátegui y Monagas. Este hecho ameritó la investigación de una comisión parlamentaria, que recomendó la inmediata destitución del alto oficial.

Hasta ese momento los conflictos en este grupo se mantenían con cierta contención, es decir, las víctimas eran siempre miembros o rivales de las distintas organizaciones. Pero en septiembre de ese año las cosas cambiaron. Ocurrió en Venezuela la primera muerte a manos de sicarios de un activista político ligado estrechamente a los medios de comunicación en Maturín. El locutor Mauro Marcano fue ultimado en el estacionamiento de su residencia cuando se disponía a ir a la radio donde moderaba un programa que se había convertido en tribuna para denunciar la corrupción militar asociada al tráfico de drogas. Precisamente en vísperas de su asesinato Marcano había ofrecido divulgar los nombres de los oficiales que dominaban este comercio en la región oriental.

Las investigaciones de la policía judicial apuntaron hacia José Ceferino García, alias el Indio, un hombre con amplios antecedentes por tráfico de psicotrópicos. Su nombre fue conocido inicialmente en el gobierno de Rafael Caldera, debido a las denuncias de un delegado de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas (Conacuid) para Delta Amacuro, Armando Johan Obdola. Debido a ellas el funcionario tuvo que solicitar refugio en Canadá, donde vive actualmente.

Cartel o no cartel

En julio de 2005 The Miami Herald publicó una nota en la que ya se habla de la existencia de “un grupo de contrabandistas de drogas conocido como el Cartel de los Soles, por las insignias de los generales venezolanos”. Esa expresión era atribuida a un diplomático destacado en el país, cuyo nombre no fue divulgado. La historia cobraba fuerza en virtud de los casos recientes del general Maneiro, de Mauro Marcano, y también por la presunta participación de generales del Ejército.

¿Es correcta la expresión de cartel para referirse a esta supuesta organización de oficiales? Brand (1984) explica que un cartel es “un grupo de empresas que acuerda fijar mutuamente precios aceptables para sus productos, lo cual frecuentemente es acompañado por cuotas de producción y de inversión”. Esta definición de la ciencia económica fue trasladada al mundo de la investigación criminal para designar al producto del acuerdo o colusión de productores de una mercancía ilegal para controlar su oferta y, por ende, sus precios (Smith et al., 1993). En América los únicos carteles propiamente dichos han sido en primer término los de Medellín y Cali, que llegaron a controlar hasta el 70% de la producción mundial de cocaína, y posteriormente las FARC, con una participación mucho menor en el mercado. Antes, con la “bonanza marimbera”, no existía esa figura sino la de múltiples productores y ofertantes.

La noción de cartel aplicada a este ámbito de conocimiento ha sido cuestionada, debido a que no toma en cuenta la realidad cambiante de los mercados ilegales. El grupo de los antioqueños liderado por Pablo Escobar, Carlos Lehder, los hermanos Ochoa y José Gonzalo Rodríguez Gacha apenas gozó de hegemonía en el mercado de las drogas durante un lustro, y ya para 1985 competía con una lista de organizaciones que tenían participación en este comercio.

Entonces, trasladar el concepto de cartel al ámbito de los generales venezolanos es un error. Por un lado, porque en el país no se producen drogas y, en consecuencia, los oficiales no podrían llegar a acuerdos que regulen sus precios, tal y como lo hacían los “narcos” de Medellín. Por otro lado, los carteles tienen una estructura interna más o menos estable. Sus líderes tienen la pretensión de permanecer en el tiempo. Es posible que sean sustituidos por la fuerza debido a pugnas intestinas o por conflictos con las autoridades u otras organizaciones delictivas. Incluso, en la circunstancia de que alguno de sus miembros sea encarcelado, el liderazgo del cartel intenta preservarse. Ejemplo claro de esto fue la experiencia de Pablo Escobar durante los últimos años de su vida.

En el caso venezolano sería pertinente otro tipo de análisis. Si una parte del generalato venezolano se ha corrompido de forma profunda, concertada y continuada, sería posible estudiar el asunto como el producto de una asociación para delinquir, según los parámetros establecidos en el Código Penal italiano y en el estatuto RICO de Estados Unidos. Algunos de ellos, por cierto, fueron recogidos en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo. Esto impondría numerosos retos para los investigadores, sobre los cuales en este momento apenas se puede arrojar alguna luz.

La mesa servida

Lo más importante es atenerse a los hechos, y la forma como se fueron concatenando a partir de 2005. Ese año se tomó una decisión clave para entender el desbordamiento de la delincuencia en el país, en especial la organizada.

En lo público, esta decisión ha sido descrita como la ruptura del convenio de cooperación con la Drug Enforcement Administration (DEA), la policía antidrogas estadounidense. El presidente la anunció en una intervención pública, luego de analizar un informe remitido a la comandancia de la GN por el entonces jefe del Comando Antidrogas, general de brigada Frank Morgado, en el que describía una serie de operaciones fallidas, desarrolladas en el seno de un grupo especial de investigaciones conformado bajo la tutela de la DEA con personal escogido de CICPC, la Fiscalía y la propia GN. A Morgado esto le olía a una reedición del caso Guillén Dávila (en el cual él también estuvo implicado, siendo entonces un oficial subalterno).

Sobre la base de una casuística, el jefe del Estado tomó una decisión política que ha tenido importantes consecuencias negativas para el país. Venezuela no solo se distanció de la DEA (esa hubiese sido una consecuencia menor), sino de toda la comunidad de policía internacional, lo que dejó al país prácticamente aislado en materia de investigación a las distintas manifestaciones del crimen organizado. Por lo tanto, a merced de ellas.

Se debe aclarar que el referido convenio de cooperación en realidad no era con la DEA, sino con la Sección de Asuntos sobre Narcóticos (NAS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado. Tenía la forma de un memorándum de entendimiento entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela, que incluía desde luego aspectos relacionados con la actividad de interdicción que han sido los más conocidos. Pero había otros tan importantes como ese, destinados a asuntos disímiles como la reforma al sistema aduanero, el fortalecimiento del sistema de administración de justicia e incluso la formación de representantes de la sociedad civil en prevención y tratamiento de las farmacodependencias. Todo eso fue paralizado y reemplazado posteriormente con iniciativas improvisadas, como fue por ejemplo el caso de la instalación de escáneres chinos en la Aduana Marítima de Puerto Cabello, que pronto fallaron.

La decisión de Chávez generaba entonces condiciones ideales para la radicación en Venezuela de mafias de todo tipo. Bastaba a estos sujetos hacerse auténticamente “revolucionarios” para obtener una patente de corso. Ya la Constitución aprobada en 1999 había cerrado la posibilidad de extraditar a los venezolanos requeridos por los tribunales de otros países, de manera que al obtener la nacionalidad los hampones se hacían prácticamente intocables por los delitos cometidos en otras latitudes. Así ha ocurrido por ejemplo con Arturo Cubillas Fontán, señalado por el magistrado de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco como el enlace entre la organización separatista vasca Euskadi ta Askatasuna (ETA) y las FARC. Cubillas fue jefe de Seguridad del Instituto Nacional de Tierras (INTI) hasta la salida de Juan Carlos Loyo, en diciembre de 2011.

Hubo, además, otras importantes decisiones que implicaron en la práctica cesiones de territorio a los grupos irregulares y delictivos que operan en la frontera con Colombia. Los teatros de operaciones fueron desmantelados y reemplazados por unidades militares carentes de autonomía operativa, tuteladas desde Caracas. Se prohibió a la policía judicial desarrollar pesquisas antidrogas en la región limítrofe.

Al mismo tiempo, los planes de erradicación de cultivos ilícitos fueron paralizados hasta 2005 con el argumento de que se atendía las quejas de grupos ecologistas. Ese año fueron detectadas 250 hectáreas de coca y amapola de opio. Fue el último en que se contó con la “imagenología” suministrada por la cooperación internacional. Ya los sobrevuelos con los aviones de la DEA equipados con cámaras especiales tenían cuatro años sin realizarse en el país. Desde 2006 la detección de los sembradíos se ha hecho mediante recorridos en helicópteros del Ejército, con escasos resultados. En este caso, no es que Venezuela sea un país “libre de cultivos ilícitos”, sino que las hectáreas de coca y amapola no son avistadas ni reportadas. Son, por decirlo en términos criminológicos, pura cifra negra. Todas las operaciones Sierra efectuadas desde entonces carecen, además, de la verificación que antes hacían invitados de la Organización de Estados Americanos (OEA). Por lo tanto, no hay forma de contrastar lo que dicen los voceros gubernamentales.

Mientras tanto, en Colombia avanzaba la aplicación de la política de Seguridad Democrática del presidente Álvaro Uribe. En materia de drogas y otras actividades del crimen organizado se produjo lo que se conoce como el efecto “globo” o “cucaracha” (Bruce Bagley): los grupos que antes estaban en el centro del territorio neogranadino se trasladaron a la periferia, con tendencia a mudar sus operaciones a los países vecinos (Ecuador, Venezuela y Panamá). Esto podía percibirse claramente cuando se analizaba la evolución de las estadísticas de vuelos ilícitos en el eje colombo-venezolano entre los años 2003 y 2008. En el primer año de la serie la ruta más usada por los aviones de la droga era el corredor del Pacífico colombiano. En el último año, el trayecto más recorrido partía desde el sur de Apure hacia Falcón y Zulia, y finalizaba en las playas de Honduras o de República Dominicana.

La mesa estaba servida para que los militares venezolanos pudieran ofrecer a los grupos de traficantes colombianos algo que ellos buscan con ansias: una “ruta segura” para sus cargamentos. Para unir esta oferta con los demandantes hacían falta dos importantes brokers o intermediarios, empresarios de la droga y lo que venga con ella. Eran Walid Makled, alias el Turco, y José María Corredor Ibagué, mejor conocido como el Boyaco.

De Putumayo al Tamanaco

La captura de José María Corredor en octubre de 2004 fue quizá una de las últimas grandes operaciones promovidas por la DEA en Venezuela. Los documentos internos señalaban claramente que Corredor era un enviado del Bloque Sur de las FARC, unidad comandada por José Benito Cabrera, alias Fabián Ramírez, para colocar alijos de drogas a cambio de armamento para la organización.

Corredor fue apresado en el lobby del Hotel Tamanaco, en Las Mercedes, cuando iba a reunirse con un agente encubierto para cuadrar un envío de drogas. El “cuerda floja” se sentó junto a él, luego se levantó para ir al baño y en ese momento se produjo la captura. Ante el Gobierno Corredor fue descrito como un “paraco” para así garantizar que permanecería detenido hasta el momento de su extradición. Una mentira blanca.

Para ese momento, según documentos de la DEA, el Boyaco tenía más de año y medio operando con la complicidad de un empresario ampliamente conectado con los militares del centro del país, propietario de las almacenadoras más grandes del puerto más grande de Venezuela: Walid Makled García.

Makled tenía nexos con la guerrilla y con los paramilitares. No era difícil, pues los exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se habían reconfigurado en pequeños grupos conocidos como “bacrim” y llegaron a acuerdos operativos con frentes de las FARC que operan en Norte de Santander y los Llanos Orientales colombianos, para así garantizar la continuidad del “negocio”. Estas eran alianzas endebles, nada perdurables. El cartel del Norte del Valle y sus sucedáneos solo tenían en común con los guerrilleros el ansia de acumular riqueza. Ni siquiera podían ponerse de acuerdo entre ellos mismos y a menudo las disputas se resolvían a tiros (López, 2008).

Makled y el Boyaco tuvieron un entendimiento que incluso trascendió a la propia detención del colombiano. El alijo de 5,5 toneladas de cocaína incautado en un jet en el aeropuerto de Ciudad del Carmen, en abril de 2006, fue enviado hasta allá desde el aeropuerto de Maiquetía en una operación organizada por el Turco. Él mismo lo ha reconocido. La droga pertenecía a las FARC y sería recibida en México por sujetos al servicio de una organización conocida como la Federación, comandada entonces por Joaquín Guzmán (alias Chapo) e Ismael Zambada (el Mayo).

Si en algo hay que dar crédito a Makled fue cuando afirmó que ese jet no pudo haber despegado sin la anuencia de las autoridades militares que controlan todas las actividades del principal terminal aéreo del país. El avión estuvo tres días en una rampa mientras le hacían reparaciones y esperaban la llegada del alijo, distribuido en 155 maletas que fueron colocadas en cada butaca. Cuando despegó tuvo un desperfecto en una compuerta y el piloto, Carmelo Vásquez, tuvo que devolverse de emergencia. Sin embargo, no lo inspeccionaron. Repararon la falla y nuevamente salió.

Venezuela poco a poco fue llenándose de enviados de todas las organizaciones criminales. Del Norte del Valle llegaron sujetos como Salomón Camacho Mora, Wilber Varela y Farid Feris Domínguez, todos ellos capturados o muertos en territorio nacional. De Italia llegó Salvatore Miceli, que en Venezuela representó al mismo tiempo los intereses de la Cosa Nostra siciliana y de la mafia calabresa (´Ndrangheta). Desde México llegaron Luis Frank Tello y su compañera sentimental Gloria Rojas Valencia, ambos deportados en distintos momentos. Otros tantos han continuado operando. De ellos el más notable es Daniel Barrera, alias el Loco, señalado por autoridades colombianas y estadounidenses como el principal traficante de cocaína del momento.

No le faltaba razón a Bayardo Ramírez Monagas, expresidente de la Conacuid, cuando afirmaba que las autoridades venezolanas, en el afán de aparentar que luchan contra el tráfico de drogas, lo único que han hecho es atacar a un solo bando de este negocio, siempre el lado de los paramilitares o sus derivaciones. Algo similar a lo que se ha dicho con respecto a las presidencias mexicanas que antecedieron a Felipe Calderón. En Venezuela los únicos paracos que cayeron en manos de las autoridades fueron el Boyaco Corredor, que luego se evadió de la Disip, y Juan Martínez Vega, alias Chigüiro, cuyo nombre figura en la acusación judicial contra la cúpula de las FARC en una corte estadounidense. Este hombre fue detenido casi como un hecho colateral en febrero de 2005, cuando se llevó a cabo el rescate de Maura Villarreal, la mamá del entonces grandeliga Ugueth Urbina, quien había sido plagiada por el frente 10 de la guerrilla colombiana. La mujer estaba cautiva en una instalación turística abandonada al sur del estado Bolívar. Cuando los agentes de la División Antiextorsión y Secuestros de CICPC la liberaron, hallaron además 630 kilos de cocaína escondidos en el mismo lugar.

Las perlas de Aponte Aponte

A medida que pasa el tiempo aumenta el cúmulo de indicios sobre la participación concertada y continuada de oficiales generales en el tráfico de drogas. De esta historia apenas se conocen algunos datos, develados gracias a que los propios aliados del régimen sienten cerca el final y tratan de negociar una salida antes de que se hunda el barco.

Las primeras pistas al respecto fueron divulgadas a partir de la segunda mitad de 2008, cuando el Departamento del Tesoro anunció el congelamiento de las cuentas y bienes que pudieran tener en Estados Unidos el entonces director de la Disip, y actual ministro de la Defensa, general Henry Rangel Silva; el general de brigada Hugo Carvajal (el Montesinos de Chávez, según la revista Semana) a la sazón director de Inteligencia Militar, y el capitán de navío retirado y exministro de Relaciones Interiores Ramón Rodríguez Chacín. Todos ellos porque supuestamente sirvieron de enlace con las FARC en el intercambio de armas por drogas.

Al conocer esta noticia el presidente no solo descartó los señalamientos, sino que ascendió a Rangel al grado de general en jefe y lo promovió a la conducción del Comando Estratégico Operacional. Hoy en día, es el militar activo con mayor poder en el país, pues también ejerce la cartera de Fuerte Tiuna. En otros términos, el oficial posee el control administrativo y operativo de la institución militar. ¿Cómo entender esta decisión del comandante en jefe?

La lista del Tesoro fue engrosada en septiembre de 2011, como consecuencia del análisis de los archivos hallados en el campamento donde murió Raúl Reyes tres años atrás. El bloqueo de cuentas y bienes fue extendido también al comandante de la Cuarta División Blindada y jefe de la Guarnición de Maracay, general de división Clíver Alcalá; al diputado Freddy Bernal, el comisario del Sebin, Ramón Madriz, y al diputado Amílcar Figueroa, cuyo nombre también fue mencionado como uno de los respaldos políticos de ETA en Venezuela (Salas, 2010).

En resumen, de las siete personas sancionadas por el Tesoro debido a su aparente vínculo con las FARC y el tráfico de drogas, dos son militares activos de alta graduación, otras dos son retirados que han ejercido posiciones clave en el Gobierno, una es miembro de la policía política con la mayor jerarquía y dos civiles. Todas actuando en una aparente asociación continuada hacia un mismo fin.

Faltaba, sin embargo, la información sobre hechos concretos en los que algunos de los miembros de esta sociedad hayan actuado. Ese dato lo aportó el coronel retirado (GN) Eladio Aponte Aponte, exfiscal general militar promovido por el propio régimen a la máxima posición de la justicia penal venezolana, es decir, a la presidencia de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

Antes de salir del país para convertirse en colaborador de la policía antidrogas estadounidense, Aponte reveló que por presiones de la cúpula militar del momento tuvo que otorgar una medida cautelar al teniente coronel del Ejército Pedro José Maggino, quien fue detenido en marzo de 2006 junto a otros dos oficiales, dos suboficiales y un civil a propósito de las investigaciones posteriores al decomiso de un alijo de 2,2 toneladas de cocaína. Este cargamento fue traído desde Colombia en noviembre del año anterior por vía terrestre y ocultado en la sede de un batallón ubicada en Carora, estado Lara. A pesar de esta circunstancia, Maggino fue ascendido posteriormente al grado de coronel, y continúa activo en la FAN.

El desenlace del caso Aponte, así como los hechos previos, sugieren además que en la FAN no existe un Cartel de los Soles, sino por lo menos dos grandes estructuras en pugna por el control del paso de drogas. Una de la GN y otra del Ejército. La salida de Makled a partir de 2008 dejó a la GN en posición desventajosa frente a una alianza de facto entre las FARC y el componente terrestre.

Conclusión: futuro en peligro

En 1993, Alain Labrousse observaba que Venezuela “ofrece estupendas oportunidades a los narcotraficantes”. Su vecindad con Colombia, la existencia de amplias fachadas con el mar Caribe y el océano Atlántico y, lo que resultaba más importante, la existencia de una élite política que poca atención le ponía al problema del tráfico y consumo de drogas, le conferían al territorio unas características ideales que en algún momento hicieron al primer gran arrepentido de la Cosa Nostra, Tomasso Buschetta, recomendarlo como destino para los mafiosos en apuros.

Antes de la llegada de Hugo Chávez al poder hubo militares activos y retirados implicados en casos de drogas. En 1992 fue detenido en una operación encubierta el general de brigada (Ejército) Alexis Ramón Sánchez Paz, a la sazón agregado militar en Estados Unidos. El tratamiento a una lesión lo hizo adicto a los narcóticos, especialmente la morfina, y esto lo llevó a traficar alijos hacia Estados Unidos, donde finalmente tuvo que pagar diez años de prisión (Azócar, 1994). Durante el segundo período de Carlos Andrés Pérez también cayeron Guillén y Hernández, aunque en condiciones totalmente diferentes. Aún hoy en día existe la duda de si estos oficiales efectivamente traficaban para provecho propio o como parte de un convenio secreto con la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Fue en esa época cuando comenzó a hablarse del Cartel del Sol (Malaver, 1999), aunque el cúmulo probatorio no permitía concluir la existencia de un cartel, con las características que tenía en Colombia.

Esta idea, sin embargo, ha perdurado hasta nuestros días para designar al grupo de militares en actividad que supuestamente ha establecido cierta hegemonía sobre el tráfico de drogas, debido a su vínculo con el poder establecido. No obstante, la evidencia que ha surgido desde la divulgación de los archivos informáticos hallados en poder de Luis Edgar Devia (alias Raúl Reyes), encargado de las relaciones internacionales de las FARC, así como también con la detención del empresario Walid Makled, y más recientemente con la declaración del exfiscal general militar y expresidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, coronel retirado (GN) Eladio Aponte, se puede señalar que no existe un cartel propiamente dicho sino al menos dos grandes grupos de militares que se disputan este liderato.

El efecto corruptor de las relaciones entre militares activos y grupos de delincuencia organizada transnacional es mayor a medida que el tiempo pasa y los oficiales se enquistan en posiciones de poder. Un referente histórico claro de esta situación lo tenemos en el breve gobierno del general Luis García Meza en Bolivia (1980-1981), quien intentó capitalizar las relaciones adquiridas con el cartel de Medellín desde años antes de asumir la primera magistratura. Esto sumió al país suramericano en una espiral de ingobernabilidad que propició la caída del régimen, en medio de una gran presión internacional.

Cara a las elecciones del 7 de octubre, es posible que la facción perdedora en el conflicto interno de la FAN mantenga una discreta posición hasta conocer los resultados de este proceso. Entonces, intentará cobrar las cuentas pendientes, por vía judicial o extrajudicial, dependiendo del grado de institucionalidad que conserve el país a partir de ese momento.

*Esta investigación fue publicada en el número 24 de la revista Simón Bolívar Analytic, en marzo-abril de 2012

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